La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el joven Juan Pablo Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras participaba en una manifestación en Altamira.

En rueda de prensa, la fiscal señaló que la investigación técnica y forense arrojó que Pernalete sufrió un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax que le causó la muerte.

Señaló que tras las experticias realizadas sobre el cadáver, como la inspección técnica forense, levantamientos planímetros del sitio del suceso, la declaración de cinco testigos, el acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión en el tórax y la presencia de residuos de los elementos que componen la bomba lacrimógena en la franela; determinaron que ese fue el objeto que causó el deceso. La Fiscal admitió que el objeto contundente fue disparado por la GNB.

El Ministerio Público ya conoce cuál es el grupo de funcionarios responsable de disparar los gases ese día, sin embargo, aún están determinando al responsable que disparó contra Pernalete. Declaró que en los próximos días esperan concluir quién fue el culpable del asesinato. Pernalete era un joven de 20 años, estudiante de segundo semestre de Contaduría Pública en la Universidad Metropolitana y becado por excelencia deportiva. Había asistido a cinco manifestaciones en rechazo al Gobierno Nacional y falleció en las adyacencias de la Torre Británica en Altamira, durante una protesta el pasado 26 de abril.

Postura
Ortega rechazó que los cuerpos policiales disparen bombas lacrimógenas con escopetas, directamente al cuerpo, pues está prohibido de acuerdo a los estándares nacionales e internaciones. Aseguró que esta práctica es letal.

En ese sentido, exhortó a los jefes de mando de los cuerpos de seguridad a seguir la actuación de sus subordinados así como que se aseguren de que los funcionarios tengan la preparación adecuada para participar en la contención de orden público.  Por otra parte, hizo un llamado a los sectores políticos a abstenerse de señalar los móviles de los asesinatos de ciudadanos durante las protestas, pues es competencia del Ministerio Público llevar a cabo las investigaciones y hacer oficial los móviles de los hechos.

Rechazó que los sectores políticos generen matrices de opinión, hipótesis y rumores sobre los casos de jóvenes asesinados.

Medida
Díaz informó que el Ministerio Público está preocupado por la imputación de civiles detenidos durante acciones de protestas en tribunales militares del país.

Aseveró que los civiles ante la justicia militar es un asunto que contrariaba los principios y mandatos en la Constitución en lo que se refiere al derecho de tener un juez natural. Detalló que el Ministerio Público sigue siete investigaciones sobre la justicia militar en casos de la justicia ordinaria. Indicó que se pidió la declinatoria en dos casos: uno en Nueva Esparta y otro en Zulia. Reveló que dirigieron una comunicación a la fiscal general militar, capitana de navío Siria Venero, para que dé a conocer la cantidad de detenidos y procesados que están llevando a cabo.

Apoyo
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski aplaudió que la Fiscal señalara que una bomba lacrimógena fue la que provocó la muerte del joven Juan Pablo Pernalete  en una manifestación.

Agencias