Pedro Carreño, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, criticó ayer las últimas acciones tomadas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y aseguró que su permanencia en el cargo podría ser riesgosa para el país.
A su juicio, en la actuación de Ortega «se evidencia que algo anda mal, esa señora no está bien, no está en sus cabales».
Ante esto, explicó que el TSJ es el encargado de evaluar la conducta de los funcionarios de alto nivel.
«La Constitución establece que, a los funcionarios de alto nivel, hay que solicitarle al TSJ la conformación de una comisión de expertos; es decir, de psiquiatras y psicólogos, para que evalúen la conducta».
Señaló que esta acción se debe a que «hay que preservar un bien superior que es la vida, la paz que es la estabilidad, porque se corre el riesgo de seguir alentando la muerte, el terrorismo y la desestabilización del país».
Sobre el recurso de nulidad que introdujo la Fiscal este jueves, detalló que esta no tiene facultades.
Denuncia penal
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) introdujo ayer una «denuncia penal» en el Ministerio Público contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) por intentar cambiar «violentamente» la Constitución.
«La fracción parlamentaria de Primero Justicia (PJ), en nombre de la unidad democrática, ha venido a hacer una denuncia penal contra el Presidente de la República, los magistrados de la Sala Constitucional, y las rectoras del Consejo Nacional Electoral», dijo a los medios el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Tomás Guanipa.
Desde la sede de la Fiscalía en Caracas, el parlamentario aseguró que estos funcionarios «han incurrido en un delito muy grave de violación de la Constitución» que, citando el artículo 143 del Código Penal, señaló que deben ser castigados quienes «conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución».
También pidió a la Fiscalía «abrir un proceso penal de investigación» contra estos funcionarios.
