El aumento del salario mínimo a 1.800 bolívares soberanos en la estructura de costos de los colegios privados provocó el cierre de 11 de esas instituciones educativas en la zona norte de Anzoátegui.
El defensor de los derechos humanos en la región, José Santoyo, quien indicó que la situación es insostenible porque alrededor del 80% de los costos de estos planteles se destina a los sueldos de docentes, personal administrativo y obrero.
Para el abogado es evidente la intención del régimen de eliminar a la educación privada. Advirtió que para los padres el incremento de las mensualidades es un golpe duro al presupuesto familiar y muchos han trasladado a sus hijos a escuelas públicas, que no brindan las condiciones adecuadas para una educación de calidad.
Explicó que las mensualidades en instituciones privadas están siendo calculadas aún y que los pocos que han podido actualizar costos han notificado que las mensualidades superan los Bs S 2.000. “Pude conversar con algunos representantes y me indicaron que no tienen uniformes para enviar a sus hijos a la escuela”.
En el mismo tema educativo, Santoyo refirió que durante un recorrido realizado por instituciones públicas y privadas ubicadas en eje norte de la jurisdicción pudo observar que las escuelas dependientes del Gobierno están llenas de maleza, sin electricidad, sin agua y con pupitres rotos.
También estimó que en el inicio de clases el ausentismo de alumnos fue de 85% y que muchos docentes también faltaron porque no tienen efectivo para movilizarse a sus puestos de trabajo.
Denunció que en la Escuela Héctor García Salas, ubicada en el sector Barrio Colombia de Barcelona, los delincuentes hurtaron el cableado eléctrico y los bombillos, por lo que están a oscuras y rodeados de maleza.
“La mayoría de las escuelas públicas no están aptas para recibir a los escolares porque están en muy mal estado, repletas de maleza, con pupitres rotos, además que les falta ventilación y agua”.
