Treinta años de «El Caracazo» se cumplen hoy. Se trata de un día que recuerda la serie de protestas y disturbios en el país durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que inició el 27 de febrero y terminó a principios de marzo del año 1989 en la capital venezolana.
«El Caracazo» fue el día en que el pueblo «bajó de los cerros», como se le conoce a los barrios más humildes de Venezuela. El 27 y 28 de febrero de 1989 se desató una ola de saqueos en el país, principalmente de supermercados, carnicerías, negocios de artículos electrónicos y línea blanca. Una Venezuela cuyo 62 por ciento de la población estaba sumida en pobreza.
Aunque siempre se habla de «El Caracazo», en realidad las protestas iniciaron en Guarenas, estado Miranda, ubicada a unos 15 kilómetros al este de Caracas. Pero éstas se extendieron a las principales ciudades del país.
Aumento en el precio del pasaje
El detonante fue el aumento en el precio del pasaje de transporte público, pues los transportistas pretendían elevar las tarifas un 50%, pese a que tan sólo estaba permitido un incremento máximo del 30 por ciento, lo que ya de por sí era bastante para el bolsillo del venezolano. Además, se eliminaba el beneficio del medio pasaje estudiantil.
Otro factor que desató la revuelta popular fue el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación.
Por ello, luego de la reacción inicial contra los transportistas, la acción se amplió hacia los supermercados y pequeños abastos, en cuyos depósitos los venezolanos encontraron muchos de los productos que se encontraban en escasez.
A finales de los ochenta, Venezuela se veía en una apretada situación económica originándose en el elevado endeudamiento externo contraído entre 1975 y 1978, la deuda externa aumentó de 6 mil millones de dólares a 31 mil millones y el precio petrolero bajó debido a los precios internacionales del petróleo a partir de 1983. El elevado endeudamiento externo y la caída de los precios del petróleo colapsaron las finanzas del Estado.
Paquete del FMI
Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luís Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Se implementaron políticas que trataran de mejorar la situación como controles de cambio y control de precios, pero esto llevó a más corrupción y mercados negros.
Esto condujo al gobierno de Carlos Andrés Pérez a implementar un conjunto de medidas económicas que buscaban apuntalar la economía venezolana. El “Paquete Económico” fue promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Medidas económicas
Algunas de las medidas fueron: Implementar un programa con el fin de obtener cerca de 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes, liberación de tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%, eliminación de la tasa de cambio preferencial, liberación de precios de todos los productos a excepción de 18 unidades de la cesta básica, incremento gradual de las tarifas de servicios público, aumento en el precio de la gasolina, entre otras.
Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber cómo actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud.
En virtud del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes.
Toque de queda
Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el presidente Carlos Andrés Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda.
Como consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos.
El balance de pérdidas humanas tras los hechos del 27 de febrero de 1989 fue según cifras oficiales de 300 muertos y más de un millar de heridos. Sin embargo, de acuerdo con reportes extraoficiales el número de muertos llegó al millar.
La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó como consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público, lo que sería repudiado y serviría de justificación para los militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992.
