El alcalde del municipio Sucre y representante de la oposición en el diálogo con el Gobierno, Carlos Ocariz, informó que representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) irán al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a introducir un recurso de amparo contra la sentencia de la Sala Constitucional.
Ocariz señaló que la decisión que prohíbe “convocar y realizar actos que alteren el orden público», prácticamente, limita las protestas y le impide a los medios de comunicación cubrirlas.
Considera que con esa sentencia el máximo órgano jurídico del país está quitando derechos fundamentales a los venezolanos. “Esa sentencia es absolutamente inconstitucional”.
Por su parte, el secretario general de Primero Justicia y diputado por la MUD, Tomás Guanipa sostuvo que la sentencia es “abusiva, arbitraria e irresponsable”. Guanipa destacó que la Sala Constitucional del TSJ no se ha preocupado por la grave crisis que atraviesa el país. «Hoy queremos ratificar desde Primero Justicia que ninguna Sala Constitucional nos impedirá movilizarnos, marchar para exigir la justicia que hace falta para avanzar”.
El parlamentario sentenció que “ningún burócrata de la Sala Constitucional nos va a impedir salir a luchar en las calles de Caracas, para conquistar la libertad y la democracia, por eso hoy ratificamos nuestra convocatoria a las 9:00 am desde la Calle Elice de Chacao para la ‘Marcha de los récipes’ para que se permita la ayuda internacional”.
«Barniz»
A juicio del secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús «Chúo» Torrealba, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de prohibir las manifestaciones que alteren el orden público, pretende dar un “barniz” de legalidad a la criminalización de la protesta.
“Emite una sentencia que prácticamente pretende amordazar y amarrar al país. Emite una sentencia que prohíbe la convocatoria, ya no la realización, de protestas ciudadanas, protestas populares”, apuntó.
El vocero de la Unidad Democrática manifestó que el referido fallo del TSJ es abiertamente inconstitucional y subrayó que “no hay nada” por encima de la Carta Magna, que garantiza a los venezolanos la manifestación pacífica, el derecho a la libertad de tránsito y a la expresión libre.
Agregó que el accionante, el Procurador General encargado, Reinaldo Muñoz, no reúne los extremos de ley para ocupar ese cargo. El consultor jurídico de la Asamblea Nacional, Jesús María Casal, también manifestó su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“No se puede prohibir a los venezolanos el derecho a manifestar que está contemplado en la Constitución Nacional”, dijo y añadió que hay que leerla en sintonía con la Constitución.