El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ofreció un informe sobre  52 casos de personas fallecidas en el marco de las protestas antigubernamentales entre abril y mayo, destacando que el 78% de estos sucesos han sucedido en los estados Barinas, Lara, Táchira, Miranda y Carabobo.

En rueda de prensa, Saab señaló que 13 personas han fallecido en el contexto de saqueos a locales comerciales y actos vandálicos. Tres han sido funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Cinco personas fallecieron debido a barricadas que obstaculizaban las vías de tránsito, tres fueron víctimas de disparos contra edificios, tres por crímenes de odio, cuatro personas muertas por armas caseras o no convencionales como metras o esferas metálicas y 20 asesinados por armas de fuego durante las protestas.
En ese sentido, señaló que de esos 20 casos fallecidos por armas de fuego, en solo dos de ellos los responsables están privados de libertad, es por eso que exhortó al Ministerio Público a acelerar las investigaciones y sanciones, cumplir con los trámites y fases del debido proceso judicial garantizando el derecho a la defensa.

La Defensoría del Pueblo exigió a la Fiscalía “una justicia plena e integral, lo que implica investigación objetiva, oportuna, independiente, imparcial para esclarecimiento veraz de estos hechos”, así como juicios justos a las personas responsables. Con respecto a los heridos, la DP ha contabilizado 1.119 personas lesionadas, entre ellos manifestantes y civiles que no participaban en las protestas. De esta cifra, 340 son funcionarios de la GNB y la PNB.

Jurisdicción militar
Saab aclaró que la posición de la justicia militar debe limitarse a delitos de naturaleza militar según lo establecido por Código Orgánico de Justicia Militar siempre y cuando “no se trate de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, en cuyo caso deben ser juzgados por tribunales ordinarios”.

Recomendó que “en caso de delitos militares cometidos por civiles pero también tipificados en el Código Penal, en nuestro criterio cuando ocurre esto debe prevalecer la jurisdicción penal ordinaria”. Sostuvo que de acuerdo al Código Orgánico de Justicia Militar, la jurisdicción militar comprende las infracciones militares cometidas por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional o civiles,  y señala que los delitos como ataque al centinela, a instalaciones militares o rebelión, los cuales son los que se les están imputando a las personas presentadas en tribunales militares, están sancionados por esta ley.

Seguridad
La Defensoría instó a los cuerpos de seguridad a cumplir con su misión de proteger los derechos humanos de las personas y mantenerse en el cumplimiento de los estándares internacionales y nacionales sobre el uso progresivo de la fuerza para garantizar el orden público. Solicitó a los directores y supervisores de las unidades policiales o militares, que realicen de manera regular inspecciones de los equipos y funcionarios que se seleccionen para intervenir en las protestas, con el fin de asegurar que no porten equipos o materiales que se encuentren prohibidos y que tengan la preparación necesaria para garantizar los derechos humanos.

Medida
El defensor del Pueblo recomendó que el uso de bombas lacrimógenas durante manifestaciones sea con precaución para que no afecte edificaciones  como hospitales, colegios y espacios públicos.