Hasta la fecha, 500 ciudadanos han sido detenidos y solo alrededor de 150 presentados ante los tribunales durante 56 días de protestas nacionales y una semana de enfrentamientos en la zona norte del estado Anzoátegui, según balance presentado por el abogado y profesor universitario Manuel Ferreira.

“Son capturados arbitrariamente y como no existen elementos de interés criminalístico, son dejados en libertad”, indicó Ferreira haciendo referencia a la cantidad de aprensiones que se han registrado en el área metropolitana. Señaló que las “olas de detenciones” no han parado desde el primero de abril cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictó las sentencias 155 y 156. La primera responde a un recurso de nulidad introducido el 22 de marzo por el diputado Héctor Rodríguez contra la Carta Interamericana de la OEA.

Mientras que la segunda sentencia responde a un recurso de interpretación de la Constitución y su artículo donde cita la “Ley Orgánica de Hidrocarburos”, que establece la competencia de la Asamblea Nacional de conocer y aprobar el establecimiento de las empresas mixtas. El abogado penalista expresó que estas decisiones desencadenaron la expresión del descontento social que se evidencia en las manifestaciones.

El defensor de los derechos humanos y dirigente del partido Voluntad Popular se encuentra “en un apostolado” junto a sus colegas Denisse Hernández, Carlos Bolívar, Adán Cedeño y Rosanna Carreño quienes defienden la mayoría de los casos presentados ante los tribunales. El profesional confesó que en el ente judicial regional “trabaja la psiquis” de los familiares afectados persuadiéndolos a elegir defensa pública en vez de privada, asegurando que saldrán beneficiados en juicio.

A pesar de los impedimentos que acarrea la situación judicial actualmente, Ferreira y su equipo logran la libertad plena de los detenidos en la mayoría de los casos. “Las detenciones, al ser arbitrarias carecen de lógica y por eso las pruebas son bolsos mágicos donde caben 50 bombas molotov”, comentó. Además denunció que en el accionar de los cuerpos policiales y en el posterior informe “narran hechos sucedieron y describen y presentan elementos que no fueron incautados”.

Al preguntarle al abogado penalista, si estos delitos son denunciados por su gabinete subrayó que las fallas de “lesa humanidad” no prescriben y que existe un “registro de funcionarios” que participan en irregularidades. Ferreira continúo enfatizando que “aquellos que actúen en resguardo de los detenidos, tendrán apoyo y defensa ante cualquier represalia”. Hizo mención de los trabajadores que sí se rigen por las leyes y el código penal e instó a los ciudadanos a reconocer su esfuerzo como parte del cambio, que define como necesario en el país.

“Nuestros detenidos han sido tratados muy bien y son pocos los que se prestan para la siembra”, aseguró el dirigente de Voluntad Popular. Denunció que por lineamientos nacionales los pertenecientes a la tolda, prácticamente tienen orden de detención. Resaltó que el pueblo venezolano aceptó que la propuesta de “La Salida” presentada por Leopoldo López y respaldada por los dirigentes María Corina Machado y Antonio Ledezma “es la vía legal, constitucional y democrática”.

Indicó que no apoya la violencia y precisó que las protestas “no son un libreto orquestado sino que es una expresión que ha tomado un vuelco de espontaneidad porque la gente se hartó”. Con respecto a las barricadas, el abogado refirió que “trancar ciertamente lesiona el derecho al libre tránsito pero no está por encima del derecho a la protesta, la libertad, la salud y la vida”.

En este punto, Ferreira recordó las exigencias que su tolda expone al Gobierno. Entre ellas nombró el nombramiento de nuevos magistrados del TSJ y rectores en el Consejo Nacional Electoral (CNE), libertad para presos políticos y apertura del canal humanitario.

El profesor universitario catalogó a la Asamblea Nacional Constituyente como un “exabrupto y fraude jurídico” debido que según argumentó el presidente Nicolás Maduro no puede convocarla. Además, arguyó con preocupación la rapidez con la que la rectora del CNE, Tibisay Lucena aceptó y programó la iniciativa de Constituyente presentada por el presidente Maduro “cuando anteriormente, con una pantalla gigante, explicó a todos los venezolanos el tiempo que requería planear unas elecciones en el país”.

El defensor de los derechos humanos expresó que el poder electoral “dejó ver sus costuras” y puntualizó que el país necesita “decisiones neurálgicas”.

Ferreira insistió en la necesidad de “condiciones claras” donde se le pregunte a la población qué desea.

“En el referéndum que nos robaron la pregunta era muy sencilla, ¿quiere usted revocar el mandato de Nicolás Maduro?”, precisó. El profesor universitario opinó que desde ese episodio “se desnudaron las intenciones del ejecutivo de mantenerse en el poder”. Explicó luego que la AN tenía como iniciativa consultar en Cabildos Abiertos y Consejos Municipales y no por división sectorial.

Prosiguió expresando que, si bien el Ejecutivo argumenta que serán consultados todos los sectores, estos serán escogidos por referencia política. “Ellos van a escoger a los sectores y eso traduce una violación al voto”, rechazó Ferreira.

Agradecimiento

El abogado penalista, Manuel Ferreira, proclamó a su gremio en “resistencia judicial” y destacó el trabajo de los abogados que junto a él se mantienen apostados en tribunales en amparo de los que “piensan distinto y alzan su voz” contra el Gobierno Nacional.

Finalizó declarando que “el aporte y apostolado al país será abocado a la defensa de nuestros jóvenes”.

Yerucxa Guzmán