El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, planteó a su colega de Estados Unidos, Donald Trump, evaluar la aplicación de una norma migratoria para deportar al expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir una coima de 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, según explicó este lunes el primer ministro Fernando Zavala.

En declaraciones a RPP Noticias, Zavala dijo que «existe el mecanismo legal y eso es lo que ha mencionado el presidente Kuczynski en esta conversación con Trump, realizada ayer por vía telefónica».

«Se identificó que existe una norma, en el marco de las competencias que tiene la ley de migración en Estados Unidos, con la cual el Departamento de Estado puede evaluar deportar a una persona», explicó Zavala.

El jefe del gabinete ministerial añadió que «esto lo tiene que evaluar el Departamento de Estado y verá si aplica o no». La opción más larga para lograr la deportación de Toledo es «el mecanismo del Departamento de Justicia con la información que envía el juez» sobre el proceso abierto contra Toledo en Perú por tráfico de influencias y lavado de activos.

«No hemos ido más allá de la ley, no hay ninguna interferencia política, nos hemos cuidado de estar dentro del marco de la ley en el Perú y en el extranjero», expresó. De otro lado, Zavala, quien fue ministro de Economía durante el Gobierno de Toledo así como Kuczynski, dijo que «no podemos estar diciendo que todos los que trabajaron con el expresidente Alejandro Toledo son corruptos o que todos los que trabajaron en un determinado Gobierno son corruptos».

«Lo primero que te genera es tristeza. Trabajé porque realmente quería hacer cosas diferentes y hoy sale que es corrupto. Pero después pasas a la indignación, es decir, cómo en verdad nos pudo robar de esta forma y ahí tomas las acciones que te corresponden», expresó sobre los cargos imputados al exmandatario.

Condena
Cabe acotar que Alejandro Toledo ha sido acusado por el Ministerio Público peruano de haber recibido una millonaria coima de parte de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de favorecerlos con las licitaciones de dos tramos de la carretera Interoceánica.
Por esos hechos, la fiscalía ha acusado al exmandatario de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Asimismo, el Poder Judicial ha ordenado 18 meses de prisión preventiva en su contra y ha dispuesto una orden de captura que pesa contra el expresidente. Por su parte, Toledo ha manifestado en varias oportunidades que «nunca se ha fugado de nada».