La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cerró filas ayer, en defensa de la libertad de expresión en Venezuela y Nicaragua, los países del continente, donde son más graves los ataques a periodistas, al concluir en Cartagena de Indias su Reunión de Medio Año.

La represión desatada contra quienes se manifiestan para exigir cambios en ambos países, ha convertido a la prensa en blanco de ataques, que van desde los físicos hasta amenazas, detenciones arbitrarias, intimidaciones, allanamientos, robo y destrucción de equipos y materiales informativos, situación que dominó la sesiones de la reunión de tres días en Cartagena.

Por esa razón la SIP, en las conclusiones de la reunión, que fueron leídas por Gabriela Vivanco, del diario ecuatoriano La Hora, destacó que “la situación de la prensa en ambos países constituye una crisis en la región” e instó a los periodistas locales y a autoridades multilaterales “a continuar denunciando la magnitud de los abusos”.

El organismo destacó la situación de los periodistas nicaragüenses Miguel Mora, director del canal de televisión 100 % Noticias, y de su jefa de prensa, Lucía Pineda, detenidos en condiciones infrahumanas desde el 21 de diciembre tras el registro del canal.

Igualmente, insta a los gobiernos americanos y de otras partes del mundo a que “tomen en cuenta del grave deterioro de la libertad de expresión y prensa” en Nicaragua cuando sea analizada la situación de ese país durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humano de Naciones Unidas.

Una postura similar tuvo con Venezuela, donde en la declaración sobre ese país el organismo expresó su “condena a la dictadura de Nicolás Maduro por su sistemática violación a la libertad de expresión y prensa mediante la persecución del periodismo independiente y el bloqueo a los portales informativos y el cierre de medios, detención de los periodistas extranjeros y nacionales”.

En ese sentido, condenó los asesinatos de seis periodistas en México y uno en Honduras en los últimos seis meses e instó a las autoridades de ambos países “a que cumplan con su responsabilidad de investigar de manera expedita, identificar a todos los responsables materiales e intelectuales y aplicar las sanciones correspondientes a los involucrados en estos crímenes”.