El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a la fiscal general en funciones, Sally Yates, después de que ella cuestionara la legalidad de la prohibición de inmigración impuesta este fin de semana por la nueva administración.
Trump firmó el pasado viernes una orden ejecutiva en la que prohíbe temporalmente la entrada a EE.UU. de ciudadanos provenientes de Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen.
Sally Yates, quien había sido nombrada bajo la presidencia de Barack Obama, ordenó anteriormente a los abogados del Departamento de Justicia que no hicieran cumplir la orden ejecutiva del presidente.
En un comunicado, la Casa Blanca dijo que Yates había «traicionado» al Departamento.
En una carta, Yates había dicho que no estaba «convencida» de que la orden del presidente fuera lícita.
«Mientras yo sea la Fiscal General en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la Orden Ejecutiva», escribió.
Pero horas más tarde, la Casa Blanca dijo que Yates había «traicionado al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos».
«El Presidente Trump relevó a Yates de sus deberes», dijo una declaración del secretario de prensa.
Dana Boente, abogado de EE UU para el distrito del este de Virginia, la sustituye como procurador general.
Boente también fue designado por Barack Obama, en 2015.
Fue confirmado por el Senado, lo que le hizo elegible para ser nombrado mientras Trump espera la aprobación de su propio nominado.
El senador Jeff Sessions es el candidato a ocupar el puesto y está a la espera de la audiencia para su confirmación en el cargo más adelante esta semana.
Tras la decisión, Boente prometió defender la controvertida orden de inmigración de Donald Trump.
«Sobre la base del análisis realizado por la Oficina del Consejo Jurídico, que determinó que la Orden Ejecutiva es legal, correcta y está debidamente redactada, rescindiré la dirección de Sally Q. Yates el 30 de enero de 2017, y dirigiré a los hombres y mujeres del Departamento de Justicia para que cumplan con nuestro deber jurado y para defender las órdenes legales de nuestro Presidente», dijo Boente en un comunicado.