El defensor del pueblo, Tarek William Saab, introdujo un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que aclare las atribuciones que tiene la Defensoría del Pueblo ante violación de los derechos humanos.

Aseguró que realiza la aclaratoria por una controversia frente al sistema de justicia, en base a sus competencias ante la violación de los derechos humanos establecidas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica del poder ciudadano y el código procesal penal.

En declaración a los medios resaltó que la Defensoría del Pueblo “tiene cualidades inequívocas para investigar violaciones a los derechos humanos por lo que tiene acceso a actas e informes forenses, estar presentes en lugares de reclusión, entrevistar testigos, entre otros”. Por ello, el organismo público, consideró “pertinente” aclarar ante la Sala Constitucional del TSJ como máximo intérprete de la Carta Magna que su actuación es en la defensa de los derechos humanos.

El defensor pidió a los auxiliares de la justicia, centros penitenciarios, Ministerio Público, centros policiales, entre otros, permitan el acceso a la Defensoría “para revisar las actuaciones procesales que cursan en los tribunales, y en caso de no tener delegado este organismo le brinda asistencia especial en representación de los derechos humanos a personas ofendidas, según lo establecido en el artículo 165 en el Código orgánico procesal penal”.

Solicitud
Por su parte, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Carreño, asistió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a solicitar información sobre la conformación de una junta médica que evalúe psicológicamente a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

Este lunes en la sede del TSJ, Carreño aseguró que Ortega Díaz ha tenido un comportamiento anormal “asumiendo una postura que atenta contra la paz”, dijo al referirse a las últimas solicitudes que ha hecho la Fiscal al TSJ en contra de la Constituyente y sobre sus declaraciones en rueda de prensa, cuando dio a conocer que el joven Juan Pablo Pernalete fue asesinado por una bomba lacrimógena disparada por un Guardia Nacional durante una protesta opositora.

Contraparte
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  el antejuicio de mérito de los seis magistrados y dos suplentes de la Sala Constitucional. Nombró que se trata de los principales Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves.

Desde la sede de la institución, la funcionaria explicó que actúa debido al presunto delito que habrían cometido de “conspiración contra la forma republicana de la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal”, esto es a razón de la publicación que hicieron en marzo de las sentencias 155 y 156 que provocaron lo que reitera fue “una ruptura del orden constitucional”, a tal punto que el Gobierno Nacional convocó de manera urgente el Consejo de Defensa de la Nación (Codena). Aseveró que “lo que se está buscando es desmantelar el Estado”.

Repaldo
El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, cuestionó las acciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. A través de su cuenta en Twitter, El Aissami criticó la forma como la Fiscal ejerce sus funciones.