La Policía Federal detuvo a un asesor del presidente de Brasil, Michel Temer, y dos exgobernadores de Brasilia por supuesto fraude y desvío de dinero en las reformas del estadio de fútbol Mané Garrincha para la Copa del Mundo de 2014.
Los exgobernadores de Brasilia José Roberto Arruda y Agnelo Queiroz, así como el actual asesor presidencial Tadeu Filippelli, que fue vicegobernador del distrito federal, formarían parte de una trama que sobrefacturó las obras del estadio, según sostiene la Policía brasileña, citó EFE.
Filippelli fue vicegobernador durante el mandato de Queiroz (2011-2015) y se convirtió en asesor especial del gabinete personal de Temer en septiembre de 2016, días después de que asumiera el cargo de presidente tras la destitución de Dilma Rousseff por supuestas irregularidades fiscales. Las obras estaban presupuestadas inicialmente en cerca de 600 millones de reales (unos 180 millones de dólares), pero finalmente tuvieron un coste de más de 1.500 millones de reales (unos 454 millones de dólares), de acuerdo con las investigaciones.
«La hipótesis investigada por la Policía Federal es que agentes públicos, con la intermediación de operadores, hayan simulado procedimientos previstos en el pliego de licitación», agregó la información. La renovación del Mané Garrincha fue financiada por Terracap, una compañía pública de Brasilia, que el 49 % de la participación total le pertenece al Gobierno Federal y se encuentra prácticamente en «estado inminente de insolvencia», según la Policía. Además de los tres detenidos mencionados, cerca de 80 agentes cumplen otras siete órdenes de prisión temporal, además de 15 de allanamiento y registro y otras tres órdenes de declaración de «conducción coercitiva», es decir, llevan a la persona obligatoriamente a declarar.
Denuncia
La Fiscalía de Brasil en Curitiba (sur) acusó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de corrupción y lavado de dinero en el marco del escándalo de sobornos de Petrobras.
La denuncia, presentada por los fiscales de la Operación Lava Jato, está relacionada con la compra y la reforma presuntamente pagadas con fondos públicos de una hacienda en Atibaia, interior de Sao Paulo, de la que Lula sería propietario oculto. El juez Sergio Moro, a cargo de los procesos de Lava jato en la primera instancia, deberá decidir ahora si acoge la causa. Los fiscales sostienen que los fondos públicos presuntamente «fueron usados, dentro del estrepitoso esquema criminal capitaneado por Luiz Inácio Lula da Silva, no solo para enriquecimiento ilícito sino especialmente para alcanzar gobernabilidad.
