El Gobierno de Brasil se encontró con un problema inesperado a la hora de buscar soluciones a la crisis carcelaria que vive el país: cuatro de los seis estados que se habían ofrecido para construir prisiones ahora dieron marcha atrás en su intención, según informó este domingo la prensa local.
Tras los motines y rebeliones en diferentes cárceles, que dejaron más de 120 muertos en los primeros 15 días de 2017, el presidente de Brasil, Michel Temer, había anunciado la construcción de cinco nuevos presidios federales de máxima seguridad en la nación sudamericana, que se sumarían a los cuatro que ya están en funcionamiento, señaló DPA.
La medida anunciada por el mandatario intentaba paliar el enorme hacinamiento que se vive en las prisiones brasileñas, con una población carcelaria que supera en un 67% a la capacidad oficial de los penales, según la organización Human Rights Watch (HRW).
Sin embargo, según el diario O Globo, los estados de Amapá, São Paulo, Minas Gerais y Espírito Santo, que en un principio se habían mostrado dispuestos a alojar las nuevas cárceles, ahora no quieren tenerlas en sus territorios.
Rechazo
En este sentido, la principal razón para ello tiene que ver con el potencial aumento de violencia que una prisión podría generar en el municipio que la aloja y en sus alrededores.
Es por eso que la administración Temer está estudiando un «plan B» para llevar a cabo el proyecto. No se descarta, de todas formas, que el Gobierno federal resuelva construir las prisiones pese a la resistencia de las autoridades locales.
La crisis carcelaria, que llegó a su máximo nivel de tensión en enero, se reavivó esta semana en el gigante de Suramérica, debido a dos episodios en cárceles en las que en este año ya se habían registrado internamente.
